La Reforma Laboral de Enrique Peña Nieto no es otra cosa que más de lo mismo: reformas de mercado de corte neoliberal. Los economistas neoliberales que no han dejado el poder desde 1983 insisten en seguir la línea que les tiran los organismo financieros internacionales (FMI, BM, BID, etc.) para seguir implementando políticas alineadas al Consenso de Washington. La iniciativa privada a través del CCE (Consejo Coordinador Empresarial) también apoya estas medidas, además de calificarla de necesarias para el crecimiento económico de México.
La reforma pretende reducir el costo laboral que afrontan las empresas para que estas demanden más trabajo asalariado y con ello se pueda absorber a la oferta de trabajo excedente que forma parte del desempleo. Esta visón proviene de la concepción neoclásica del mercado laboral. Al reducir los salarios los empresarios demandarán más trabajadores y con ello se reducirá el desempleo. Esta reducción de “salarios” no se da a través del los salarios nominales, si no reduciendo las prestaciones y los derechos de los trabajadores.
Ya la CEPAL ha dicho que la reforma no creará empleos, contradiciendo las declaraciones del la STPS. Y es que la creación de empleo depende del desempeño económico, mejor dicho, del crecimiento de la economía, la cual ha estado paralizada y en constantes crisis desde hace 30 años.
Los apologistas de las reformas estructurales alegan que el mercado laboral mexicano es muy rígido debido a un marco jurídico obsoleto en los tiempos de la globalización en donde es tan importante la competitividad. Los economistas oficiales creen que reduciendo los costos laborales en el país se atraerá inversión extranjera, crecerá la economía y el empleo, sin embargo, con ninguna reforma será posible competir con China, India, etc., en este aspecto pues tienen salarios mucho más bajos que nuestro país.
Dicha reforma es inoperante en el sentido de que muchos de los puntos que se modificaron en la ley ya se habían modificado de facto por los empleadores por medio del esquema de outsourcing varios años antes, como consecuencia de la precarización del mercado de trabajo.
En la práctica muchos de los empleos que se han creado en la iniciativa privada en los últimos tiempos se han realizado bajo el esquema de subcontratación, reduciendo las prestaciones y los derechos laborales, sin que ello haya significado un incremento significativo en el empleo o de IED (Inversión Extranjera Directa).
El cambio en la ley laboral simplemente vino a formalizar un cambio estructural que ya se había dado por las mismas fuerzas del mercado, violando la Ley Federal del Trabajo de entonces con la total displicencia del Gobierno Federal.
Las condiciones laborales generadas por la reforma podrían ser contraproducentes. Dadas una situación laboral más precaria los trabajadores podrían optar por unirse a las filas de la informalidad (en donde se encuentra ya prácticamente la mitad de la PEA). La reducción de la remuneraciones a los trabajadores podrían también contraer aún más el ya debilitado mercado interno. Todo esto seguiría debilitando la economía aunado a las expectativas poco favorables en el resto del mundo (especialmente en EUA y Europa).
Lo que resulta evidente es que las autoridades económicas siguen la pauta de un modelo económico anacrónico que ya muy pocos países siguen aplicando.
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